Por HORUS La Columna
Otra vez la caja china: detienen a Ángel Aguirre… y magia, se acaba el problema del país
Justo cuando el país arde por todos lados —desabasto de medicamentos, madres buscadoras sin respuestas, homicidios que no bajan, desplazados que nadie atiende y una reforma electoral que elimina contrapesos—, el gobierno de la 4T saca de la manga su truco favorito: la caja china.
Esta vez el conejo se llama Ángel Aguirre Rivero. El exgobernador de Guerrero fue detenido por elementos federales, acusado de ocultar y manipular evidencia clave en los primeros momentos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Qué coincidencia tan oportuna. Justo ahora, once años después, cuando los reflectores empiezan a molestar por otros lados, resulta que la Fiscalía General de la República descubre que el entonces gobernador tenía algo que ocultar.
No es que la detención carezca de fundamento. Las familias de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos llevan años exigiendo que se investigue a todos los que estaban en la cadena de mando. Aguirre era gobernador cuando ocurrió la masacre de Iguala. Su responsabilidad política y probable conocimiento de lo que pasaba siempre estuvo sobre la mesa. Que por fin lo presenten ante un juez de control es, en abstracto, una buena noticia.
El problema no es el quién. Es el cuándo y el para qué.
Porque esta es la misma fórmula que ya vimos antes: cuando la realidad se pone incómoda, aparece un pez gordo del pasado, se monta el show de la “justicia histórica” y de repente todos debemos voltear a ver el expediente de hace una década. Mientras tanto, las madres siguen buscando a sus hijos sin que les abran la puerta de Palacio Nacional, los niños con cáncer siguen sin medicamentos y el crimen organizado opera con una comodidad que ya ni se molesta en esconderse.
La caja china funciona así: metes un problema viejo y grande, sacas un titular de impacto, y esperas que la gente olvide lo que está pasando hoy. “Miren, estamos resolviendo Ayotzinapa”, mientras por el otro lado se diluyen responsabilidades presentes, se protege a los aliados actuales y se profundiza el control sobre las instituciones.
Once años tardaron para detener a Aguirre. Once años en los que el caso se convirtió en el símbolo más doloroso de la impunidad mexicana. Y ahora, de la noche a la mañana, la 4T lo presenta como un gran avance. Como si de golpe hubiera nacido la voluntad política que durante más de una década brilló por su ausencia… incluyendo los años en que algunos de los que hoy mandan ya tenían poder e influencia.
La pregunta no es si Ángel Aguirre debe enfrentar a la justicia. Debe. La pregunta es por qué precisamente ahora, y por qué este tipo de operativos siempre coinciden con momentos en los que el gobierno necesita desesperadamente cambiar de tema.
Porque cuando la estrategia es sacar del cajón a los villanos de ayer para no hablar de los problemas de hoy, no estamos ante justicia. Estamos ante distracción de alto nivel. Y la caja china, por más veces que la usen, cada vez engaña a menos gente.
Cuando el que tiene el expediente en su contra decide señalar al vecino
Hay una regla no escrita en la política mexicana: cuando te empiezan a llover acusaciones de corrupción y malos manejos, lo más cómodo no es aclararlas… es mirar para el lado y gritar “¡miren a Chihuahua!”.
Eso es exactamente lo que intenta Cruz Pérez Cuéllar. El alcalde con licencia de Juárez, acosado por denuncias ciudadanas y señalamientos de presuntos actos de corrupción, ha optado por la estrategia del “tú más”. Y el Gobierno Municipal de Chihuahua le respondió con datos, no con adjetivos.
La comparación de las barredoras es casi un manual de cómo manipular cifras. Pérez Cuéllar habla de costos por kilómetro como si ambos contratos fueran iguales. No lo son. En Chihuahua se contrataron 12 unidades nuevas, modelos 2023-2024, con capacidad homogénea de 6 mil kilogramos, sustitución obligatoria cada 40 meses, operador, combustible, mantenimiento completo y 60 rutas definidas. Se paga solo lo que se barre. En Juárez: ocho unidades usadas, de capacidades desiguales y menores, sin obligación de renovación, sin rutas precisas y con un contrato abierto que ni siquiera obliga a demostrar que las máquinas funcionan. Resultado: Chihuahua paga casi 7 millones menos al año por un servicio superior. Pero según el edil con licencia, “allá sale más caro”. La matemática selectiva es un arte.
Lo del alumbrado es todavía más burdo. Comparar el precio de una lámpara suelta (como se compra en Juárez) con un servicio integral que incluye instalación, retiro de las viejas, disposición y reciclaje no es un error técnico: es un intento deliberado de confundir. Como comparar el precio de un ladrillo con el de una casa terminada y luego gritar que “se gastó de más”.
Las patrullas son el capítulo más grotesco. Chihuahua arrendó unidades nuevas Police Interceptor con cámaras inteligentes, detección facial, grabación y equipo de última generación. Juárez pagó casi 50 millones de pesos por 220 camionetas Ram 2019 usadas, convertidas de gasolina a gas. La Auditoría Superior de la Federación documentó que 173 de ellas no funcionaban. El propio municipio no pudo demostrar que hubieran operado. Casi 50 millones en chatarra rodante. Y aún así, Pérez Cuéllar se atreve a señalar gastos ajenos.
La deuda es otro malabarismo. Presentar a Juárez como “municipio sin deuda” mientras arrastra 1,404 millones de pesos que vencen hasta 2034 es, sencillamente, falso. No contrató más crédito porque estaba topado financieramente, no por virtud. Chihuahua, en cambio, destinó los recursos a obras visibles —puentes, pasos superiores, comandancias— y tiene calendarizado dejar la deuda en cero antes de que termine la administración. Una cosa es endeudarse para construir; otra es heredar una deuda larga y no tocarla.
Y en transparencia la diferencia es estructural: Chihuahua tiene certificación ISO 37001 (ampliada este año a obras y cobranza) y un programa de Observador Ciudadano que ha vigilado más de 4 mil 400 millones de pesos en procesos. Juárez sigue sin certificación pública equivalente y acumula señalamientos de opacidad.
Al final, el mensaje del Gobierno Municipal es claro y cortante: los chihuahuenses merecen comparaciones honestas, no trampas retóricas. Comparar una lámpara con un servicio integral, omitir la deuda de Juárez o esconder 220 patrullas inservibles no es debatir… es desinformar.
Pérez Cuéllar tiene todo el derecho de defenderse. Lo que no tiene es el derecho de reescribir la realidad para tapar su propio expediente. Cuando alguien responde a acusaciones de corrupción señalando al vecino, suele ser porque el espejo le resulta demasiado incómodo.